Consenso y Conflicto en la Transición española.

Por Sophie Baby¹.

 

La otra cara de la exhibición del consenso.

Concordia, reconciliación, convivencia, moderación, y por fin consenso, son las palabras clave con las que se caracteriza durante el periodo el “espíritu de la transición”. ¿Cómo entender dicho espíritu de consenso, considerándolo a la vez como discurso y como práctica socio-política?

Las claves del consenso 

Ya que de modo alguno nació de aquella seudo-reconciliación promovida por Franco con ocasión de la pomposa celebración de los “XXV años” de paz de 1964, el consenso que dominó la transición española se entendería más bien como la combinación entre una cultura política elaborada bajo cuarenta años de franquismo y la situación histórica particular a la muerte del dictador.  Dicha situación viene caracterizada por el precario equilibrio de la relación de fuerzas políticas a la muerte del general, ya que ninguno de las presentes estaba en condiciones de imponerse por sí sola a las demás. De hecho, la oposición antifranquista, rupturista, hacía frente a unos ex-franquistas divididos entre inmovilistas, quienes intentaban preservar la esencia del régimen, y reformistas que controlaban el poder desde el nombramiento de Adolfo Suárez, en 1976, a la cabeza del segundo gobierno de la monarquía. De dicha relación triangular4, y no binaria, de poderes salió el modelo político de una transición que adquirió la forma de una “ruptura pactada” o de una “reforma pactada”, según el bando desde el que se mira. La práctica de la negociación y de los pactos, característica del proceso español de democratización, fue mucho menos la consecuencia de una soñada unanimidad que de unos condicionamientos políticos impuestos por las relaciones de fuerzas tales como se daban. No significa, sin embargo, negar el impacto de una cultura política elaborada bajo tantas décadas de dictadura y que se manifestó a través de un profundo deseo de orden y de paz. A la muerte de Franco, lo que más preocupaba la opinión, no era el calendario de la emancipación de las libertades sino la incertidumbre acerca de la capacidad de los dirigentes posfranquistas para preservar el orden público y la paz. Todas las encuestas de opinión muestran que la sociedad española de los años 1970 se preocupaba más por que se mantuviera el orden, percibido como la condición de la paz civil, que por la libertad5. Como lo dice Santos Juliá, “se era demócrata siempre que serlo no implicara un desorden generalizado6”. Tal sentimiento dominante arranca de un doble determinante memorial, machacado por la propaganda franquista según la cual el régimen había garantizado cuarenta años de paz mientras la Segunda República constituía el símbolo del caos y de la anarquía. Muchos atribuían al régimen de Franco a la vez las ventajas proporcionadas por el boom económico de finales de los años 1960 (en vez de censurarlo por haberlo retrasado) y las décadas de estabilidad política y de paz interior y exterior, testimonios de la nueva “legitimidad de ejercicio7” del régimen. Al contrario, a la Segunda República se le echaba la culpa de haber favorecido el conflicto y las divisiones responsables de la explosión de la Guerra Civil. El proceso de transición hacia la democracia se construyó, por lo tanto, como una oposición abierta a la única experiencia democrática que había conocido España y que quedó deslegitimada por los acontecimientos que le sucedieron. La Segunda República hubiera entregado el país al caos, a la anarquía, a la subida de las violencias y abierto la vía a los extremismos, en particular a los revolucionarios anarquistas y comunistas. El alzamiento del 18 de julio fue el único capaz de impedir que la Revolución se instalase. Desde luego la democracia que estaba adviniendo, si quería lograr su propósito, tenía que garantizar el orden en la calle, cortar la vía a los extremismos, ser el lugar de la moderación y del diálogo. De hecho, el orden público no dejó de ser una obsesión de los dirigentes de la transición como ya lo demostramos en otra ocasión8. La moderación de las ideologías y de los comportamientos políticos también se percibe claramente en los resultados de las numerosas elecciones. Los españoles dieron sus votos a los partidos de centro (la Unión de Centro Democrático, UCD, el partido de Suárez, y el Partido Socialista, PSOE) a expensas de los partidos considerados como extremistas (el Partido Comunista de España, PCE, y Alianza Popular, AP, el partido de Manuel Fraga, predecesor del actual Partido Popular). De este modo, el PCE, el partido antifranquista por antonomasia, el que movilizaba a las muchedumbres y llevaba la lucha contra la dictadura, se encontró rápidamente marginalizado por el electorado9. Aparecía demasiado vinculado con el pasado de la Guerra civil (incluso en la persona de su secretario general, Santiago Carrillo, ya responsable de las Juventudes durante la guerra) y eran asimilados sus métodos a prácticas revolucionarias extremistas, a pesar de la renuncia desde 1956 a la la opción de la violencia para derribar el régimen. La “política de reconciliación nacional”, nueva línea estratégica lanzada entonces, se proponía, al contrario, “superar la divisoria establecida por la guerra civil” y dejar atrás “todo espíritu de revancha”, al seguir “el deseo de paz civil del pueblo español10”. A pesar de aquel viraje precoz, fue el PSOE —el cual mantuvo una postura política bastante más radical en los primeros años de la transición—, el que se convirtió en el primer partido de la oposición.

Por fin, cabe destacar la praxis política de la negociación y de la búsqueda del consenso propia de la transición. Durante sesiones parlamentarias que fueron como glosas del espíritu de consenso y de responsabilidad, se adoptaron casi por unanimidad las grandes decisiones que configuraron el nuevo Estado11. El lenguaje político de la transición fue el del diálogo, de la apertura, de la ponderación, de la pacificación, de la integración en el marco democrático. Se oponía de modo frontal al de la fractura, de la división, de la exclusión, de la estigmatización del enemigo, de la incompatibilidad radical que venía dominando desde finales de los años 1930. En el Congreso de los Diputados sobresalía una tonalidad particularmente respetuosa al contrario de las invectivas habituales en las Cortes republicanas. Incluso las pocas controversias entre Fraga y Carrillo más parecían motivadas por la voluntad de suscitar la risa que por la de herir de verdad al adversario. Se trababan amistades entre los actores de la época por encima de las afiliaciones y, desde Fraga hasta Carrillo, e incluyendo a los líderes del PSOE o de la UCD, todos se mantuvieron hasta hoy. ¿Qué pasó entonces con el conflicto? Parece no haber existido, haber quedado eludido, desapareciendo debajo de la apisonadora del consenso. No podía ni debía mantenerse y si emergía tenía que desvanecerse a favor de la búsqueda del pacto. Ahí está el espíritu de la transición: ir más allá del conflicto transfigurándolo en consenso. Fue lo que permitió una construcción democrática tan rápida y exitosa que se convirtió en ejemplar ante los ojos del mundo. Ahora bien —y se trata de una evidencia—, existió el conflicto como parte de la realidad sobre todo en un periodo de tan intenso trastorno político como lo fue el de la transición.

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La exageración del conflicto con fines partidarios.

La primera tendencia consistió en exagerar la amenaza de explosión del cuerpo social con fines diversos y a veces divergentes.  Para algunos, se trataba de provocar una ruptura que quebrara el consenso dominante. Podía ser de índole revolucionaria, como la que buscaba la estrategia terrorista sin matices de ETA o de los GRAPOs. Podía ser al contrario de índole reaccionaria, como el putsch buscado por los grupos de extrema derecha, siendo el más activo de ellos Fuerza Nueva. La “estrategia de la tensión” se proponía difundir un clima de inseguridad y provocar una situación de caos generalizado que diera legitimidad a una intervención del ejército para volver a imponer un orden maltratado. Exagerar la degradación del orden público e instrumentalizar a ultranza la violencia terrorista constituían la figura central de la retórica apocalíptica promovida por Blas Piñar, el líder de Fuerza Nueva. Manuel Fraga, representante de la derecha conservadora, prolongaba en el Congreso ese discurso catastrofista que le servía para pedir un giro autoritario, cargando sus discursos con abundantes referencias a la España de los años 1930 con el propósito de captar a la franja del electorado nostálgica del franquismo, a expensas de la extrema derecha14.  Pudo constituir también un objetivo más modesto de la instrumentalización partidaria exigir una inflexión de la política gubernamental o pedir una participación en el poder. De hecho, la oposición no dejó de denunciar la intolerable represión policial y la impunidad de los grupos de extrema derecha, aquellos “incontrolados” que actuaban sin trabas e incluso bajo la protección de las autoridades policiales. Con esta denuncia sistemática que rompía la imagen de unas fuerzas del orden público irreprochables en su actuación en el proceso de reformas, la oposición esperaba conseguir del gobierno Suárez que emprendiera la depuración de los cuerpos armados, exigencia recurrente de su programa, o al menos la liquidación de algunas figuras de la represión (tales como González Pacheco, alias “Billy el Niño” o el comisario Roberto Conesa). De modo general, tendía a exagerar la degradación del orden público para denunciar la incapacidad de los dirigentes, subrayar la responsabilidad del gobierno en los fallos policiales y solicitar la dimisión del gobierno civil, del ministro del Interior e incluso del conjunto del gobierno. De semejante estrategia discursiva esperaba conseguir una parte de poder, insistiendo con constancia Santiago Carrillo, por ejemplo, en su exigencia de la formación de un gobierno de coalición nacional. De modo inverso, la exageración de la amenaza conflictual pudo servir para consolidar el consenso dominante, en particular fortalecer al gobierno Suárez, considerado como el único capaz de resolver los conflictos que ponían en peligro la reforma. Los reformistas usaron ese tipo de estrategia para que la oposición aprobara medidas autoritarias, en particular en la lucha antiterrorista. A partir de 1978, las acciones terroristas de los GRAPOs y de ETA fueron acusadas de fomentar un riesgo de implosión e, implícitamente, de una intervención de los militares. Una reacción firme y unida parecía la única capaz de dar una respuesta adecuada y de evitar el recurso al putsch. Tal lógica condujo la oposición democrática a cerrar filas detrás del gobierno, en nombre de la supervivencia de la democracia. El llamamiento a la unión nacional, a la responsabilidad e incluso a la colaboración de todos en nombre de la defensa del proceso de democratización contribuyó a consolidar la legitimidad de Suárez. Cualquier grupo que se expresara en contra de la política gubernamental de orden público se exponía a que se le culpara de falta de solidaridad, y hasta de complicidad con respecto a los enemigos de la democracia.  La misma retórica llevó a pedir que los españoles observaran unas pautas moderadas, en particular en el espacio público. Al exagerar los riesgos derivados de los disturbios del orden público, en particular el miedo a que las manifestaciones se convirtieran en una guerrilla urbana, el gobierno reformista aspiraba a mantener a la gente en casa. Con el mismo fin llamaba, en los momentos de crisis, a la responsabilidad de los manifestantes para que no se apartaran de aquel ideal de pueblo maduro tan glosado en el modelo español de transición. Los que se manifestaban eran unos irresponsables y hasta unos activistas violentos a quienes se les podía culpar tanto de la violencia represiva como del caos amenazador que a veces se apoderaba de la calle. Semejante manipulación retórica fue hábilmente usada en los años 1976-1977 para que la oposición acabara renunciando a su estrategia de movilización de las masas y llamara a la desmovilización popular. Por ejemplo, en la tensa Semana Negra de enero de 1977, en la que fallecieron diez personas alcanzadas por disparos de la policía, de la extrema derecha y de los GRAPOs, la oposición reunida pidió explícitamente a sus militantes que impidieran “las acciones en la calle, que aunque son uso legítimo de un derecho, pueden servir en estos momentos como un pretexto a los responsables de ese plan para continuar su ola de violencia y su escalada de terror”. Con ello otorgaba crédito a la idea de que las acciones en la calle eran las que generaban violencia y se sometía a los lemas reformistas en nombre de la libertad futura. Amordazada por la amenaza de una vuelta atrás, la oposición de izquierda arrinconó sus ideales para colocarse repetidas veces detrás de la bandera del consenso.

Conclusión.

El consenso de la transición española, tanto su discurso como su práctica, no fue sólo el resultado de un seudo “espíritu de la transición”, de aquella madurez excepcional que se atribuye a las elites políticas y al pueblo español, los cuales se hubieran mostrado capaces de dejar de lado divergencias y rencores para construir un futuro común. Tampoco resulta, de modo inverso, de una poco perdonable debilidad que hubiera llevado a unos y otros a renunciar a sus ideales políticos, como lo pudieron denunciar los excluidos de la transición, en particular la franja republicana y la revolucionaria, en las críticas que dirigieron a los grandes partidos. También fue el resultado de estrategias de gestión de conflictos, impuestas en unos casos por las circunstancias y el precario equilibrio de las fuerzas en presencia o llevadas, en otros, de manera hábil para neutralizar al adversario. Tales estrategias, lejos de apartar la vista de los conflictos reales, los integraron, al contrario, de modo a veces contradictorio, llegando a recomponer el sentido que al inicio se dio al consenso. Lo que termina dominando, es claramente una transfiguración del conflicto que consolida el consenso, tanto por haberlo exagerado como por haberlo excluido u ocultado. Una transfiguración que de hecho actuó de cemento de la identidad ciudadana constantemente invocada durante los treinta años de democracia que vinieron después. Sin embargo, semejante invocación niega a su vez el carácter coyuntural de un momento histórico elevado a valor fundacional y normalizador del juego democrático, igual que oscurece las características de un presente libre de los temores que dominaban el periodo de la transición. Para decirlo de otro modo, ya carece de eficiencia invocar “el espíritu de la transición” para resolver los conflictos del presente, pero tampoco sería pertinente echarlo en bloque por la borda ya que tanta necesidad tuvo en una época hoy día caducada.


¹ Sophie Baby.  Historia en Université de Bourgogne (Dijon). Centro Georges Chevrier.

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