Un acercamiento de urgencia al Andalucismo Histórico (1883-1936).

Por Dr. Manuel Ruiz Romero¹.

Andalucía no es una comunidad que destaque por sus reivindicaciones históricas ni identitarias. Sin embargo, su irrupción en el escenario territorial que dibujaba el Estado de las Autonomías fue algo tan sorpresivo como importante por cuanto la influencia de su particular proceso en la articulación de un nuevo modelo territorial fruto de la Carta Magna del 1978. Pese a todo, en su seno ha venido propiciando una reflexión, conocida historiográficamente como Andalucismo Histórico que, aproximadamente desde la reflexión teórica que encarna la Constitución de Antequera de 1883 hasta el intento autonomista abortado por el 18 de julio junto al asesinato de Blas Infante (declarado por el Parlamento de Andalucía y el Congreso de los Diputados como Padre de la Patria Andaluza), transita desde limitados círculos políticos e intelectuales hasta ser asumidas por las instituciones republicanas. Su ocultación durante el periodo Franquista fue obligada por cuanto perseguida. Por ello, sorprende la rapidez con la que la ciudadanía andaluza cambia de opinión ante la necesidad de un autogobierno regional como reivindicación que adquiere más tarde un carácter cuasi nacionalista. ¿Simple mimetismo con respecto a otros territorios?, ¿mero agravio comparativo?, ¿sólo por el subdesarrollo secular que padece? De ser así de simple, entonces, ¿por qué no irrumpe con esa intensidad en otros territorios con igual o más necesidad de desarrollo?

A nuestro entender, existen varios factores que explican la emergencia de una conciencia regional antes, incluso, de la llegada de la Transición. Factores que se complementan sin orden de relevancia alguno y cuyo resultado es el rechazo a cualquier situación de inferioridad o discriminación en los albores del proceso reformista y, más tarde, constituyente. Del aludido subdesarrollo económico como elemento común a las ocho provincias, referimos muy especialmente a los indicadores de emigración que el desarrollismo provoca y, con ello, la toma de conciencia de unas clases medias y populares que perciben nuevas posibilidades de progreso socio-económico a la muerte de Franco y al cambio de régimen. Los déficits estadísticos en los principales indicadores de calidad de vida de los diferentes territorios de Andalucía invitaban a una respuesta colectiva y a una estrategia común.

No debe despreciarse tampoco la presencia de un regionalismo tecnocrático, el cual adquiere conciencia de la pobreza existente en Andalucía y de su potencial riqueza impulsando un Ente Regional Andaluz desde las Diputaciones franquistas entendido como una mera mancomunidad técnico administrativa. Sectores intelectuales, universitarios y culturales promueven además en ámbitos artísticos, académicos o reivindicativos un mensaje de afirmación, disidencia y de autoestima colectiva profusamente socializados desde numerosas iniciativas comunicativas que le prestan una especial atención. Rock andaluz, literatura (narraluces), teatro, cantautores, flamenco social,… son parte de una vanguardia cultural que asume, crea y reivindica a partir de su condición y su sensibilidad andaluzas. Prioritariamente, en distintas direcciones: la aceptación de símbolos identitarios antes desconocidos (escudo, himno, bandera), la recuperación de hitos, personajes y doctrinas prohibidas como la del citado Blas Infante (18851936) y, por otro lado, una profunda reflexión técnico-política hacia las posibilidades de progreso y avance político necesarias en una democracia como la que despunta.

Este descubrimiento de una historia negada fue parte de aquel impulso que brotó en las multitudinarias y sorpresivas manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, las cuales representan el pórtico de todo una singular batalla política logrando un autogobierno equiparable al rango político de nacionalidad histórica. He aquí unos breves apuntes de aquel movimiento que no ha pretendido sino la recuperación de la identidad andaluza y del autogobierno político en un nuevo Estado federal, así como el progreso social y económico de los hombres y mujeres que componen esta tierra.

La Constitución de Antequera (1883).

El siglo XIX es la historia del fracaso en España del intento de una Constitución democrática y popular. El ensayo liberal de las élites burguesas con la llamada Pepa (1812) choca con las fuerzas del Antiguo Régimen, de manera que los estamentos dominantes (Iglesia Católica, Monarquía borbónica, ejército y nobleza aristocrática) niegan conceptos tales como soberanía y ciudadanía. Los valores de la Revolución Francesa (igualdad, fraternidad y libertad) llegan con retraso a esta tierra.
Quizás por ello, en la misma crisis del Estado nación durante el conflictivo siglo XIX hay que encontrar las raíces de las nuevas ideas y movimientos políticos que, a lo largo de décadas, impulsan y posibilitan una organización descentralizada de España y, tras ella, la aparición de las nociones básicas de democracia, municipalismo, autogobierno, libertades civiles, identidad regional, participación o pluralidad de culturas. Bajo este intento y silencioso conflicto es donde encontramos hitos y testigos de puntuales acontecimientos por los que se perciben ciertos indicios de una tendencia, aun todavía de carácter muy minoritario, que apuesta por una lógica regional. Asentada entre determinados intelectuales, puede considerarse el origen del autonomismo del siguiente siglo. Así las cosas, en septiembre de 1835 se constituye la Junta Suprema de Andújar, la cual representa un movimiento generalizado por todo el Estado de una incipiente burguesía liberal urbana que quiere romper con las antes citadas ataduras del Antiguo Régimen. Su Manifiesto fundacional, dirigido a los andaluces, menciona la “indisoluble” unidad del “Pueblo Andaluz” y deja entrever cierto grado de conciencia federal en el movimiento.

El segundo de estos referentes decimonónicos lo encontramos con Francisco Tubino. Este primer andalucista como se le ha llamado y su publicación La Andalucía (Sevilla, 1857-1899), vinculada al federalismo, se plantea como objetivo “no abandonar ni un sólo instante la defensa de los intereses materiales de nuestro país”. Se trata de un ejemplo que indica la preocupación en determinadas sectores sociales a la hora de crear una “Unión Andaluza” que defienda intereses económicos y sociales. No en vano el andalucismo histórico hunde sus raíces en un republicanismo histórico federal. Pero donde la historia del autonomismo andaluz tiene su primer referente documental teórico contemporáneo y más significativo es en la denominada Constitución de Antequera. Elaborada en 1883 por los miembros andaluces del Partido Federal, supone la primera vinculación entre andalucismo y confederalismo entendido éste último como la máxima expresión de la intencionalidad federal.

El texto supone una profundización de la ideología federal, tras el fracaso de la I República. A partir de 1882, se inicia un proceso de elaboración de Códigos regionales que, en el caso de Andalucía, da como resultado la convocatoria de una Asamblea de las Provincias donde se aprueba la llamada Constitución Andaluza de clara vinculación confederal y que hace referencia a las competencias, derechos, garantías y deberes del municipio, el cantón (entiéndase comarca) y finaliza con lo que llama región. La Constitución de Antequera considera a Andalucía como “soberana y autónoma” y como “resultado del pacto entre los cantones andaluces previamente creados”. Andalucía aparece por vez primera como sujeto político y su autogobierno, basado en la soberanía de sus ciudadanos, representa además una serie de derechos sociales, políticos y económicos. Significa además un nuevo proyecto de Estado que ofrece carácter y derechos como ciudadanos a sus habitantes, impulsa la descentralización potenciando el municipalismo y concibe un modelo de cooperación entre los pueblos de España.

Aquella propuesta de Carta Magna donde Andalucía se presenta como un pueblo soberano de su destino y solidario con los ciudadanos de dentro y fuera de sus límites territoriales, apuesta también por importante medidas anticipadores que otras que vendrán en la Historia de España. Por ejemplo, la universalidad del voto para mayores de 21 años, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la educación y justicia para todos,… son ejemplos significativos de una nueva dimensión política que no encaja en el periodo de la Restauración borbónica de Alfonso XIII.

La aparición de la propuesta autonomista.

Obviando en nuestro trabajo el porqué de la aparición de la alternativa regionalizadora en España así como las necesidades históricas que la hacen ineludibles, iniciamos nuestro recorrido histórico aludiendo a la primera constancia documental de una petición de autonomía para Andalucía: La moción que el Centro Andaluz de Sevilla presenta al Ayuntamiento y la Diputación hispalenses en noviembre de 1918 dirigida “a todos los municipios; representantes en Cortes, Diputaciones, entidades y asociaciones políticas, culturales, agrarias y económicas,…”. Iniciativa que hay que considerarla como fruto de la Asamblea de Ronda en 1918 y producto de la generalizada emergencia de un espíritu descentralizador inédito en la Historia de España e introductor de ideales regeneracionistas: “Después, en estos últimos días Galicia, Aragón, Valencia, Asturias, hasta Extremadura y aún Castilla, claman por el reconocimiento de sus aspiraciones autonómicas; y todas ellas, menos la última, por medio de sus organismos representativos u oficiales. Si Andalucía se ama a sí misma y ama a la federación de las demás regiones, debe apresurarse a hacer acto de afirmación y de presencia en este concierto de voces de liberación”.

Ronda en 1918 no es sino el desarrollo práctico de la propuesta teórica de Antequera de 1883; adaptada ahora al contexto del estrecho marco político que representa la Carta Magna de 1876 y su bipartidismo inmovilista en lo social y lo político. Aun así, la aparición en estos instantes de un movimiento organizado también mediante la Asamblea de Córdoba de 1919, no es sino la demostración de una incipiente preocupación territorial de la que brota un emergente proyecto político que, con toda intencionalidad, se pretende socializar mediante publicaciones, revista o la participación en actos públicos y electorales. De cualquier forma, ya para estos instantes, cabe recordar, han aparecido en otros territorios organizaciones propias (PNV o ERC) de exclusiva obediencia a los mismos, lo cual constituiría sin duda un incentivo para otros puntos geográficos con sensibilidades cercanas.

A diferencia de la propuesta mancomunal barajada oficialmente por el poder central en aquellos momentos de forma muy tímida5, el incipiente regionalismo andaluz se muestra escéptico al creerla inviable dado que, en la práctica, este tímido intento reformista coincide con los tradicionales “centros de autarquía administrativa” de la etapa caciquil6, y porque, entre otras cuestiones, la propuesta de Ley Mancomunal7, refuerza las diputaciones en detrimento de una mayor autonomía municipal. Argumento éste que se configura como vital en la concepción andaluza del autogobierno regional y de su propia concepción vital como pueblo. Andalucía es un conjunto de polís, dirá el propio Blas. Infante. Por ello, desde los postulados generados por el Andalucismo Histórico, la autonomía se encuentra siempre vinculada a la existencia de un municipalismo concebido como espacio renovador y protagonista en la gestación de procesos sociopolíticos emergentes, soberanos y participativos. Cuestión que condena esta alternativa doblemente al ostracismo en su contexto histórico: una, por cuanto su inédita y avanzada proyección en favor de un autogobierno en Andalucía; otra, por cuanto la existencia de un poder local autónomo constituirá un elemento fundamental para la dinamización autonómica. Ambas instancias, regional y municipal, son durante el periodo de la Restauración las más relegadas dentro de la política centralista y caciquil del Estado en tiempos de Alfonso XIII.

El regionalismo andaluz irá evolucionando paulatinamente desde posiciones culturales o económicas, hasta convertirse un proyecto político, descentralizador y abiertamente republicano que se define como nacional a través del Manifiesto de 1919. Junto a esta definición, en dicho texto se reivindican los tres poderes para la autonomía (ejecutivo, legislativo y judicial), y se explicita el objetivo de fomentar la conciencia del pueblo andaluz desde el respecto de su identidad pasada, presente y futura. En este contexto se inscribe, como una declaración abiertamente republicana y anticaciquil, la aludida primera petición: “Vista las peticiones de autonomía regional y municipal y de Cortes constituyentes, los regionalistas andaluces declaran que es incompatible con el mantenimiento del actual régimen monárquico y de partidos políticos, la consecución de sus aspiraciones autonómicas”.

En virtud de ello se solicita a las instituciones que, al “conceder por decreto la autonomía, lo haga también a la región andaluza en iguales términos que a las demás de España; o en otro caso, que convoque las Cortes Constituyentes con las finalidades dichas”. Sólo con la instauración de un régimen federativo se recuperaría España, la nueva frente a la caduca, como un proyecto político común, eficaz y moderno. De lo contrario, se avisa, quedaría reducida a un “término puramente geográfico”. Ser partícipe del regionalismo andaluz en estos instantes, es identificable con un planteamiento solidario y cooperativo de Estado cuya supervivencia pasa por la concesión de autonomía a sus regiones. Sólo así España fortalece sus lazos comunes y la solidaridad entre pueblos sin necesidad de que centralismo o un territorio determinado guíe al resto. Por ello, y como dice la Moción de esa primera petición que venimos citando, existe conciencia de que el sentimiento español “ha muerto” y, sobre él, Andalucía “tendrá que sustentar primitivas aspiraciones nacionalistas”.

Hasta aquí los primeros hitos del autonomismo, entendido éste como un movimiento organizado que defiende y cultiva una identidad andaluza y, en consecuencia, una estructuración político-administrativa que le ofrezca respuesta. A la par, el discurso autonomista se integra paulatinamente -con diferente ritmo e intensidad-, en el seno de las reivindicaciones de los partidos de la izquierda tradicional e, incluso, algunas de sus propuestas sociales, finalmente, resultarán coincidentes entre dichos ámbitos ideológicos11. Lo cierto es que, con todas sus limitaciones, cuando el movimiento pro autonomista inicia su mayor grado de influencia se procede a su represión. La dictadura de Primo de Rivera y su golpe militar de partido único clausura los Centros Andaluces, y condena al destierro a algunos de sus miembros más activos12. Sólo así, los ideales republicanos quedarían identificados con un nuevo proyecto descentralizador y regenerador para España que se ansiaba moderna.

Autonomía y Constitución republicana.

La cuestión de la autonomía en el Estado no aparece reconocida institucionalmente hasta llegada la segunda experiencia republicana de nuestra Historia. La deficiente administración local arrastrada quiere superarse tras el 14 de abril de 1931 con innovadoras medidas en el marco del nuevo régimen, y el autonomismo superará un reducido círculo social para convertirse en una posibilidad institucional, aunque, no por ello, exento de problemas y diferentes ritmos.

En Andalucía el proceso se inicia el 7 de mayo de 1931 mediante la petición de la Agrupación Republicana Federal Andaluza liderada por Blas Infante, realiza a la Diputación de Sevilla, ahora presidida por el socialista Hermenegildo Casas, antiguo miembro del Centro Andaluz hispalense: “Llegaron los tiempos que hubimos de predecir, desde hace veinte años, durante los cuales hemos venido exhortando al Pueblo Andaluz a que restaure su personalidad, la cual, afirmábamos entonces,…”

El proceso se inicia ante la Diputación hispalense que articula su labor coordinadora mediante la puesta en marcha de una Comisión Organizadora, con el objetivo de celebrar una Asamblea Regional donde se den cita todos los partidos políticos, personalidades, así como representantes de diputaciones, ayuntamientos, entidades culturales y económicas. En un primer momento, las diputaciones se reúnen en la capital hispalense el 6 de julio de 1931, justo una semana después de la victoria electoral de la coalición republicana-socialista en Cortes, nombrando una ponencia encargada de redactar un dictamen -a modo de sondeo previo-, que sirva de base para la discusión -se dice-,del futuro encuentro andaluz. Tras someter a consulta entre municipios y entidades este primer cuestionario y, aún con resultados limitados, vamos a documentar la primera adhesión al futuro proyecto autonomista en el municipio sevillano de Marinaleda donde, nueve semanas después de proclamarse la República su pleno acuerda “recabar para nuestra hermosa región una amplia autonomía económica y administrativa municipal y provincial, constituyendo una entidad política soberana y autónoma, organizada en una democracia republicana representativa”.

Tras esta consulta meramente introductoria ve la luz el primer proyecto de autonomía que se elabora, de claro componente federal al igual que los de Estella para el caso vasco y Nuria en el ejemplo catalán: Estatuto de Gobierno Autónomo de Andalucía16. Un texto jurídicamente débil e introductorio que reconoce la presencia de tres poderes en el autogobierno y, con coincidencias federalizantes, sociales e ideológicas idénticas a la Constitución de Antequera de 1883. El objetivo de un autonomista convencido como Casas, Presidente de la Diputación de Sevilla y diputado socialista en Cortes17, es elevar al Congreso de los Diputados el Estatuto, como dicta la Constitución, para mediados de agosto; sin embargo, el proceso sufrirá una ralentización debido al debate y aprobación de la Carta Magna en diciembre de 1931.

Hacia la Asamblea Regional.

No es hasta el 26 de febrero de 1932 cuando se convoca por parte de Casas el primer encuentro entre diputaciones. Es allí donde se matiza el estatuto anterior para adaptarlo a la norma constitucional, elaborándose un nuevo anteproyecto que renuncia a todo intento federal: Bases para un Estatuto de Autonomía. Segunda propuesta estatutaria donde Andalucía subraya el papel político de las diputaciones sobre los municipios a través de una mancomunidad regional y, sin el avance cualitativo en la descentralización institucional que podría esperarse del nuevo régimen.

El texto es editado y sometido, por segunda vez, a enmiendas entre municipios y entidades durante 1932 a la espera de la llegada definitiva del foro regional donde lo refrendasen los municipios. Cita que no llegará hasta enero del siguiente año una vez se producen tres aplazamientos (abril, mayo, noviembre) debido a la espera de una reunión de diputados andaluces en Cortes que nunca tiene lugar y, por la ralentización intencionada y prudente, causada ante la polémica reaccionaria y antirrepublicana derivada de la aprobación del Estatuto para Cataluña como clara prioridad política en el Estado desde el Pacto de San Sebastián. Tradicionalmente, los sectores conservadores (y en esta caso reaccionarios al nuevo régimen cuando no permanentemente conspiradores contra él) han percibido su arquitectura de Estado desde el centralismo y ha considerado la descentralización política como un riesgo de ruptura o secesión.

Las entidades sociales hispalenses en su reunión del 19 de enero de 1933 asumen como documento de partida las enmiendas presentadas por el Ateneo de la capital, defendidas por Giménez Fernández, que más tarde fueron asumidas como enmienda a la totalidad de esta provincia. De aquel acto celebrado en la Plaza de España, nacía con un marcado carácter municipalista en su filosofía, un cuarto proyecto entendido como enmienda a la totalidad al de febrero de 1932, de articulado denominado Proyecto de bases para el Estatuto de Andalucía que presenta a la Asamblea de Córdoba la Comisión de ponentes designadas por la Asamblea de Representaciones de la Provincia de Sevilla.

Ya en el seno de la Asamblea Regional de Córdoba (29-31 enero de 1933) y ante los intentos de boicot político para no iniciar el debate, Francisco Rodríguez interviene para, “en nombre del Ayuntamiento de Carmona”, solicitar se fijen al menos unas bases mínimas “que bien pudiera ser las de la misma ponencia que trae la representación de Sevilla”. Dicho Alcalde anuncia que, ante los intentos de paralizar la puesta en marcha del encuentro, debe constituirse el foro y comenzar la discusión, si no con la totalidad de los delegados dado el abandono calculado de algunas representaciones, al menos, la que tiene voluntad de continuar con el debate. Para ello ofrece la propuesta de su delegación “como base de propaganda andalucista”.

El examen de la propuestas presentada, nos hace constatar su coincidencia con la posición municipalista refrendada más tarde por la totalidad de la provincia sevillana, y defendida también desde posiciones andalucistas. Así, el texto considera “inadmisible” el criterio mancomunal sustentado en las “Bases para un proyecto de Estatuto” elaboradas por las diputaciones y, entiende, en la misma introducción a las enmiendas que, “dejar subsistentes las ocho Diputaciones Provinciales (…) equivale al fracaso anticipado de la autonomía”. De nuevo, la raíz del republicanismo histórico y federal emerge como argumento político y justificación de toda la construcción básica del autogobierno andaluz.

En resumen, estas tesis argumentadas desde la práctica política local, y aún en un contexto andaluz dominado por un partido mayoritario (PSOE) que no identifica ni otorga prioridad política a la autonomía como vía para la solución de problemas, vienen a ser –significativamente- coincidentes con los criterios municipalistas que defienden tanto el propio Blas Infante como los círculos andalucistas. Pese a todo, el proceso recibe el desprecio y la incomprensión de amplios sectores de la coalición gubernamental republicano socialista, en especial del PSOE. Este último así lo demuestra en una contundente editorial de su órgano portavoz. En texto dirigido contra la iniciativa andaluza se burla de unas intenciones a las que califica de “desafortunadas”, considerando que “carecen de sentido” los esfuerzos. Llama “mito” a la reivindicación en la medida que la define como “pasatiempos de señoritos”, augurándole el mayor de los fracasos toda vez que sólo se siente la cuestión en Cataluña y País Vasco. Y sentencia: “Estatuto no”.

Tras las elecciones de noviembre de 1933 y el nuevo gobierno radicalcedista, también llamado negro o rectificador, por sus intenciones netamente conservadoras, no sólo paraliza todo la cuestión descentralizadora en el Estado sino que muestra una especial beligerancia con los procesos de autogobierno bien abiertos como Cataluña, o bien a punto de culminarse, como en el caso vasco. En el caso andaluz, las instituciones se inhiben de la promoción alcanzada y los pasos emprendidos. Sólo los círculos nacionalistas quedan esgrimiendo la propuesta y sus posibilidades políticas y socio-económicas.

Recuento-votos-referendum-proceso-autonomico_EDIIMA20160225_0103_5.jpg

Frente Popular y profundización de la República de las autonomías.

Con la victoria del Frente Popular el 16 de febrero de 1936 se reinician los procesos autonómicos y, Andalucía retoma su intento21. Las posiciones han cambiado. Tras el triunfo de las izquierdas en Cortes se considera la autonomía como un medio para fortalecer la República y, por consiguiente, todas las fuerzas políticas que componen dicho bloque se muestran ahora favorables a la rápida aprobación del estatuto andaluz. Las reticencias iniciales han desaparecido y se decide recuperar el Anteproyecto de Bases para el Estatuto redactado en Córdoba durante el foro de 1933.

La Junta Liberalista heredera ahora de los Centros Andaluces de la segunda década del silo, solicita de nuevo a la Diputación hispalense reanudar las gestiones paralizadas desde la cita cordobesa de 1933; ya que desde entonces, sólo los círculos nacionalistas andaluces habían promovido el debate y su sensibilidad, editando y difundiendo las Bases que habían resultado de aquel foro.

El 11 de junio se dan cita en Sevilla la Comisión Gestora de su entidad provincial y los miembros de la nacionalista Junta. Allí deciden convocar una nueva Asamblea para el día 5 de julio, en esta ocasión, sólo invitando a representantes de los ayuntamientos, presidentes de las diputaciones y andaluces diputados a Cortes. En esta nueva reunión en la Diputación de Sevilla y junto a otras representaciones delegadas o presentes, se establecería una Comisión representativa de los sectores implicados con objeto de reiterar una nueva cita regional, y continuar después con el procedimiento constitucional: un referéndum sobre el Estatuto. Del mismo modo, se acuerda nombrar a Blas Infante como Presidente de Honor de la Junta Regional pro autonómica que se crea, así como la celebración, el último domingo de septiembre, de un nuevo gran encuentro andaluz que ratificase el articulado autonómico que sería remitido a las Cortes para su debate y posterior referéndum ciudadano. Por estas fechas, la banda municipal de Sevilla toca por vez primera en la Plaza de San Lorenzo el Himno de Andalucía en versión orquestada, tal y como hoy lo conocemos. De igual forma que, tal y como ya había sucedido años antes, se siguen realizando izado de la bandera verde y blanca para fórmula para impulsar un debate y apoyar su materialización política. Pero ya fue tarde. El golpe del 18 de julio de 1936 corta de raíz todos los proyectos. El hecho geográfico de que la asonada triunfase primero en buena parte del Sur peninsular, impide que Andalucía refrendase su Estatuto de Autonomía. Por su parte, País Vasco y Galicia, por esta misma lógica, sí lograron plebiscitar sus textos autonómicos una vez iniciado el periodo bélico. Hecho que, a la postre, debe considerarse para estos territorios como una cuestión determinante durante la transición democrática y el propio acceso al autogobierno, en tanto se les concede autogobierno por la vía de la Disposición Transitoria Segunda de la Constitución de 1978.

Andalucía recupera por el 4 de diciembre de 1977 y el 28 de febrero de 1980 aquello que la Historia y el golpe militar contra la legalidad vigente le niega el 18 de julio de 1936. De no haber existido esa cruel y violenta imposición el mapa autonómico de la II República hubiese sido muy semejante al que tenemos hoy. Quizás por eso, a nada que se conozca los acontecimientos que hacen del pueblo andaluz el gran protagonista de la conquista de la autonomía por el procedimiento del artículo 151 de la Constitución, forzando a los partidos parlamentarios a una salida pactada (octubre de 1989) tras el bloqueo del 28F una vez se pierde legalmente la consulta…. Pueda entender que esa conquista ante el futuro es irrenunciable como patrimonio político constitucional que, hoy por hoy, representan.


¹ Dr. Manuel Ruiz Romero. Centro de Estudios Históricos de Andalucía, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Pablo de Olavide y Miembro del Grupo de Investigación en Estructura, Historia y Contenidos de la Comunicación de la Universidad de Sevilla (PAIDI/HUM-616).

Un comentario en “Un acercamiento de urgencia al Andalucismo Histórico (1883-1936).

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s