Represión y poder en España

 

Por Mario Guillamó¹.

El pasado jueves, la BBC preguntó a la audiencia de su programa ‘Questión Time’ si consideraban que, tras la detención de ocho ministros catalanes, España se está comportando como un Estado fascista. Mientras, la población se encuentra inmersa en un complejo de prontitud a la hora de hablar de represión política en el Estado español. Porque siempre se alzan los voceros a replicar las denuncias de represión y las prácticas que nos asemejan o nos convierten en una dictadura de pleno derecho. Puesto que para el poder se trata de eso mismo, de un Estado de derecho en el que cada vez hay menos de estos y cuya característica a resaltar es unánime, el conocimiento público de los límites del derecho común. Ha llegado el momento de abordar cómo estos límites están coartando nuestros derechos. Hace muy poco, Angela Davis sentenció: «Este país tiene una larguísima tradición de represión política», refiriéndose a España.

Atropello por la derecha en directo, a la hora del telediario o con nocturnidad y alevosía. Así podríamos describir la estrategia del poder que conoce y maneja a la perfección los aparatos ideológicos del Estado. Sí, no necesitan citar a Althusser porque lo usan a diario. Detrás de la fachada de la “no acción” y la estupidez humana, se esconde una de las mayores tecnocracias de Europa al servicio del capital, la española. Recordemos pues las palabras de Ignacio González a Zaplana «hay que controlar el aparato del Estado» o una máxima de Felipe González «el Estado soy yo».

Dos vertientes: la tortura y el fascismo.

La tortura contemporánea se fundamenta en tres pilares: la imposición de una pena económica desorbitada o de privación de libertad, su aplicación mediante el monopolio de la violencia y tener como fin el silencio social y el miedo colectivo a la acción. El Estado español usa como medio la conocida “Ley Mordaza”, que sanciona administrativa y no judicialmente. Con esta ley se pueden sancionar conductas de resistencia pasiva como las sentadas. Según Joaquim Bosch «ahora las sanciones no son resueltas por un juez imparcial sino por un Gobierno que puede tener intereses políticos ante protestas sobre su gestión». Los seis meses posteriores a su aplicación, esta ley acumulaba la escandalosa cifra de 40.000 sanciones, una media de 30 personas al día. Además, esta eficacia totalitaria está enfocada en los desahucios, puesto que prevé multas de hasta 30.000 euros para aquellos activistas que desobedezcan o resistan pacíficamente. No hay que subestimar al poder, conocen las debilidades de la clase trabajadora y atacan. Atacan a los focos de nuestro futuro: atacan la cultura, a los músicos y los artistas; atacan la educación, a los profesores y los estudiantes; atacan a la prensa plural, a los periodistas y los medios que alumbran las cloacas del Estado; atacan al puesto de trabajo, depreciando la negociación colectiva y poniéndote la mordaza. Lo dicho anteriormente, «la estrategia del poder se basa en imponer penas económicas, violencia y miedo».

Y por qué no, resaltemos el término tortura, porque organismos como el Comité Europeo de Prevención de la Tortura (CPT) realizó una serie de informes en 2016 en los que se certificaban malos tratos en las detenciones y tras ellas, encontrando en las comisarías: palos, bates de béisbol, látigos y una cuerda/soga. Con ellos, se confirman interrogatorios de horas e, incluso, días sometidos a condiciones inhumanas. Pero lo mismo ocurre tras el proceso judicial, dónde encontramos casos como el maltrato ejercido por los funcionarios del centro penitenciario Brains I, en Barcelona, condenados recientemente.

Y otro de los complejos del sistema, una connivencia absoluta con el fascismo callejero. Les son necesarios esos imitadores de camisas pardas, porque provocan y calientan los futuros escenarios de intervención estatal. Cada vez más, los que para ellos son ultras, se despliegan por los barrios y el centro de las ciudades con su propaganda y poniendo en práctica su estrategia, la psicología de la violencia y el miedo. Hemos llegado a tal punto que los fascistas, los conservadores y los liberales convocan manifestaciones conjuntamente sin escándalo mediático. La unidad de España como excusa perfecta para reprimir estatalmente durante el día y usar a los fascistas como ariete por las noches. La líder de HSM afirmó que «su discurso se vertebra en torno a la unidad de España pero que la formación que rentabiliza su estrategia es el Partido Popular». Esta pauta se repite en el resto de Europa, donde el poder intenta desvincularse de las formaciones fascistas, pero gobierna con su programa en inmigración y en el ámbito territorial.

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Ilustración de Eneko por la que ha sido despedido de “20Minutos” sin explicaciones.

 

La Justicia: cómo controlarla.

Anteriormente, hablamos de la represión y no mencionamos a la justicia, porque el control totalitario de los aparatos del Estado no concilia con la separación de poderes. La lista de jueces inhabilitados por distintos mecanismos judiciales es muy extensa, comenzando por el juez Garzón y pasando por todos aquellos que han tratado de investigar la corrupción política: juez Silva, juez Castro, juez Pablo Ruz, la jueza Alaya etcétera

Eliminados los obstáculos, el poder se hace con los aparatos del Estado y, uno a uno, con los aparatos judiciales. Desde su mayoría absoluta en 2011, el poder controla el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y desde ahí, han tomado la Audiencia Nacional con dos figuras de un alto calado conservador: Concepción Espejel y Enrique López. Además, una de sus figuras claves es la que ostenta la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, primer fiscal reprobado de la democracia.  Se dice que todo este entramado está diseñado por Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal, otro de los dominios judiciales del poder. Y es que conocen y controlan los aparatos del Estado y, por tanto, el Estado son ellos.

Aun así, su manera de proceder a lo largo de la historia deja mucho que desear. La impunidad con la que actúan les deja al descubierto en cuanto se conocen casos como los papeles de Bárcenas o los papeles de Panamá, que alumbraron la profundidad de la corrupción que les sostenía, una corrupción con la que pagaron hasta la sede central de su partido. Esta afirmación de peso, ya se puede expresar sin problemas porque la fiscal anticorrupción, Concepción Sabadell, sentenció: «queda plena y abrumadoramente acreditada la caja B del Partido Popular». Por esta sentencia, se podría aplicar el artículo 520 del código penal para ilegalizar al partido en el Gobierno, pero tras analizar el control judicial que poseen, parece difícil. Mientras, peleas callejeras o una pintada en la pared pueden ser condenados como actos de terrorismo, como son el caso de Alsasua o el caso Nahuel.

De esta forma, el gobierno del Estado español se blinda ante las protestas y las luchas legítimas y democráticas de su pueblo. El presidente, Mariano Rajoy, preocupado por su marketing electoral enfocado en Venezuela afirmó en septiembre «lamentable la prohibición de salida a Lilian Tintori. Pueden encerrar a las personas, pero no a los ideales. Libertad para Venezuela». Mientras, el gobierno del Estado español interviene una Comunidad Autónoma, disuelve su parlamento y encarcela a su gobierno. La reflexión sigue siendo la misma, la legalidad es una cuestión de poder, no de justicia.

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Cargas policiales en Catalunya el día del referéndum [1Octubre]

¹ Mario Guillamó. Ciencias Políticas, Universidad Pablo de Olavide (UPO) y director de Comunicación Política de la Gaceta de los Miserables.

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